Ruth Manzanares es experta en políticas públicas y protección animal, entre muchas otras cuestiones. Conoce de primera mano el proceso por el que se gestó y aprobó la Ley de Bienestar Animal, dejando fuera a los perros de caza y creando así un problema que es aún mayor, la falta de trazabilidad que impide luchar, realmente, contra el abandono animal.
El texto titulado "Mismos Perros, Mismos Derechos" lo ha publicado en su cuenta de Linkedin. Allí lo podéis leer íntegro -y os animamos a hacerlo, es importante. A continuación os dejamos, con su permiso, un extracto de su artículo: un resumen de cómo hemos llegado hasta la situación actual pero, sobre todo, de lo que está en juego si en España se consolida la excepción que afecta a los perros de caza y trabajo.
"En España tenemos un grave problema estructural de abandono de perros. Durante décadas se han experimentado tímidas mejoras en las tasas de adopción y en la mejora de las condiciones de vida para los perros abandonados, gracias a la acción de las entidades de protección animal y de algunas, pocas, administraciones valientes.
Merece la pena detenerse un momento en quién sostiene ese sistema. La recogida y atención de los animales abandonados es, por ley, responsabilidad municipal. En la práctica, en buena parte del territorio, quienes la ejercen son entidades privadas de protección animal que funcionan a base de voluntariado y donaciones. (...)
Además, el abandono en España no es homogéneo ni uniforme. En el medio rural, la mayoría de los perros que llegan a las protectoras son perros de caza y de guarda de ganado. Exactamente las categorías que nuestra legislación estatal decidió dejar fuera.
La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, fue una buena ley que terminó mal para los perros de caza y trabajo. Conviene decir las dos cosas, porque en el debate público solo suele caber una.
Fue una buena ley porque por primera vez el Estado se propuso establecer un suelo común de protección en todo el territorio, por encima del mosaico de diecisiete normativas autonómicas con exigencias muy dispares. Y porque su arquitectura era técnicamente seria: un sistema integral de identificación que vincula cada animal a un responsable desde el nacimiento, y unas condiciones de bienestar comunes para la cría y la tenencia.Quien conozca cómo funciona la cría irregular en este país sabe que esas dos piezas —saber de dónde viene cada cachorro y en qué condiciones se ha criado— son el corazón del asunto.
Y terminó mal porque en el trámite parlamentario se le abrió una vía de agua. La exclusión de los perros vinculados a actividades cinegéticas y de trabajo, incorporada al artículo 1.3, hizo algo que no había hecho ninguna comunidad autónoma: crear dos categorías jurídicas de perros según el uso que su titular declare darles. El perro que duerme en un sofá y el perro que trabaja en una rehala son el mismo animal. Tienen las mismas necesidades, la misma capacidad de sufrir, el mismo miedo y el mismo apego. Pero desde septiembre de 2023 solo uno de los dos está amparado por el estándar estatal. El otro quedó remitido a las leyes autonómicas, es decir, al mismo desorden que la ley venía a arreglar y a los vaivenes políticos de turno, como sucedió en la triste derogación de la ley autonómica de protección animal de La Rioja.
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El error más extendido en este debate, también entre quienes están a favor de cerrar la brecha, es pensar que estamos discutiendo sobre perros de caza. No es así, o no solo. Estamos discutiendo sobre si el sistema de trazabilidad español para sus perros y para controlar la cría y la superpoblación va a tener un agujero por el que pueda colarse cualquiera.
El mecanismo es de una simplicidad desarmante. La ley monta un régimen exigente para la cría de animales de compañía: registro de criadores, trazabilidad de camadas, condiciones de bienestar verificables. Pero deja fuera a los perros vinculados a actividades cinegéticas. ¿Qué necesita entonces un criador sin escrúpulos para escapar del régimen entero? Declarar que cría una raza «de caza» y tener una licencia. Nada más.La excepción, que se vendió como una forma de no molestar a una actividad tradicional, funciona en la práctica como la puerta trasera de todo el edificio. Y las puertas traseras no las usan quienes ya cumplen: las usan, precisamente, quienes tienen algo que esconder.
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Desde 2023 el contexto ha cambiado, y ha cambiado en una sola dirección. El Parlamento Europeo ha aprobado en esta legislatura el nuevo Reglamento sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos, que parte exactamente de la premisa que el legislador español no quiso asumir: todos los perros dentro del mismo sistema de trazabilidad, y condiciones comunes de bienestar para todos los operadores que los ponen en el mercado.
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Hay además una dimensión que en Madrid se subestima y en Bruselas no: la del mercado interior. España exporta masivamente perros de caza a otros Estados miembros para su adopción. Quien haya visitado una protectora en Alemania, Bélgica o los Países Bajos habrá visto galgos y podencos españoles. Esa imagen —la de un país cuyos perros tienen que salir de él para ser protegidos— nos acompaña desde hace años y pesa más de lo que aquí se admite. Mantener dentro de la Unión un espacio nacional donde ciertas categorías de cría operan en condiciones sustancialmente más laxas no es solo un problema ético: es una distorsión del mercado que el Reglamento nace para impedir, y una fricción directa con una norma de aplicación inmediata que no necesita transposición y que desplazará a la normativa interna incompatible.Ese pleito, si llega, lo perderemos.
Para un Gobierno que ha hecho del europeísmo una seña de identidad, la conclusión debería resultar incómoda de esquivar. Alinear nuestra normativa con el principio de universalidad del Reglamento no es una concesión al movimiento animalista. Es coherencia con el proyecto europeo. Y bien gestionada, es también una oportunidad política de las que no abundan: España puede pasar de ser señalada por el trato a sus perros de caza a ser el primer país que aplica en serio el nuevo marco.
Y aquí llegamos al presente, que es donde este artículo deja de ser un repaso y se convierte en una advertencia. Porque la brecha de 2023 está a punto de consolidarse por vía reglamentaria, en textos que todavía se pueden corregir.
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Tres proyectos de real decreto desarrollan ahora mismo la Ley 7/2023 en lo que a perros se refiere, y los tres han pasado ya por el procedimiento europeo de notificación de reglamentaciones técnicas. Dos los impulsa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: el de identificación de animales de compañía y el de núcleos zoológicos de animales de compañía. El tercero lo impulsa el Ministerio de Agricultura: el de núcleos zoológicos llamados «tradicionales». Ninguno ha llegado aún al Consejo de Ministros.
https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/es/notification/28226
https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/es/notification/28224
https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/es/notification/27705
Quien compare los textos con calma encontrará tres problemas encadenados.
El primero es que la línea divisoria del artículo 1.3 se traslada entera al nivel reglamentario. El proyecto de Agricultura incluye expresamente a los perros de caza y trabajo; el de Derechos Sociales los excluye del suyo. Dos ministerios, dos regímenes, dos estándares para el mismo animal, según a qué se dedique su titular.
El segundo problema es más grave, porque afecta al cumplimiento del Derecho europeo. El proyecto de núcleos zoológicos de animales de compañía incorpora expresamente las condiciones de bienestar del nuevo Reglamento para la cría. El de núcleos zoológicos tradicionales —justo el que acogería los establecimientos con perros de caza— no las traslada. Léase despacio: el texto que va a regular la cría de las categorías de perros con mayor incidencia de abandono es el único que no incorpora las garantías que Europa exige sin distinción de categorías. Estamos redactando, con membrete oficial, un incumplimiento anunciado, buscando de nuevo excusas ridículas para satisfacer intereses lobistas.
El tercero es quizá el más importante. El proyecto de identificación contenía una regla de enorme valor: los cachorros solo pueden identificarse a nombre del titular de la madre. Y esto valía para todos los perros, dentro de la Ley 7/2023 o no.Parece un detalle administrativo y es, en realidad, la clave de bóveda de todo el sistema, porque establece de facto una trazabilidad universal desde el origen, aplicable también a los perros que la ley dejó fuera, y hace compatible el conjunto normativo español con la exigencia europea. Y que disuade del abandono y el intercambio arbitrario que inundan el origen de un sinnúmero de perros que acaban muertos, abandonados o en las perreras. Pues bien: el proyecto de núcleos zoológicos tradicionales regula por su cuenta la identificación de los animales de su ámbito sin prever ningún vínculo entre los cachorros, sus progenitores y el titular de estos. Un desarrollo reglamentario construye la trazabilidad universal y otro, tramitado en paralelo por otro ministerio, la desactiva justo donde más falta hace. Si esto llega así al BOE, la brecha de la ley habrá dejado de ser un accidente parlamentario para convertirse en política de Estado.
Lo más frustrante de este panorama es que la solución no hay que inventarla. Existe, está redactada.
La vía óptima sigue siendo reformar la Ley 7/2023: suprimir la exclusión de los perros de caza y trabajo y recuperar aquel capítulo de adaptaciones sectoriales que ya llegó negociado al Consejo de Ministros. Es la reparación en origen y la que da más seguridad jurídica. Pero exige pasar por el Congreso, y todos sabemos lo que eso significa con la aritmética actual. Sería un error condicionar la protección de estos perros a una ventana parlamentaria que puede no abrirse en años.
Por eso la vía realista es otra, y está íntegramente en manos del Gobierno: ajustar los reales decretos antes de que lleguen al Consejo de Ministros. Bastan, en esencia, dos modificaciones. Una: blindar en el real decreto de identificación la regla de la trazabilidad desde el origen —cachorros identificados a nombre del titular de la madre— para todos los perros, sin excepción por tipo de actividad, y garantizar que ningún desarrollo posterior la debilite. Dos: sacar del proyecto de núcleos zoológicos tradicionales toda referencia a los perros de caza y trabajo y reconducir su regulación al proyecto de núcleos zoológicos de animales de compañía, que es el único alineado con el Reglamento europeo. Las adaptaciones a cada actividad caben perfectamente dentro del régimen común; de hecho, ya estaban escritas.
Dos ajustes. Sin Congreso, sin coste presupuestario. A cambio, se cierra la puerta trasera del sistema, se impide el uso fraudulento de la excepción por criadores comerciales y se garantiza que el desarrollo reglamentario español no nazca enfrentado a una norma europea de aplicación directa. En mis años analizando políticas públicas he visto pocas intervenciones con una relación tan favorable entre coste político y rendimiento del sistema. Solo hace falta que los políticos pierdan el miedo y vean lo que la sociedad reclama.
Durante años este debate se ha planteado como una cuestión de sensibilidad: de un lado, el sufrimiento de los animales; del otro, la tradición y la actividad económica. Es un marco estéril para los perros. Porque la cuestión, hoy, ya no es esa.
La cuestión es si un Estado que dice aspirar al abandono cero puede sostener un sistema de trazabilidad con una excepción a la que se accede con una simple declaración. Es si un país que se reivindica motor del proyecto europeo puede aprobar reglamentos internos que contradicen un Reglamento de la Unión en el mismo momento de su despliegue. Es si una Administración seria puede consolidar dos regímenes paralelos, de dos ministerios distintos, con estándares diferentes para el mismo animal.
La ventana de oportunidad está abierta, pero no lo estará siempre: se cierra el día que esos textos lleguen al Consejo de Ministros. Corregirlos ahora cuesta dos ajustes, aunque sabemos que a nuestros políticos no les gusta enfrentarse con determinados colectivos que no tolerarían dejar de mandar en despachos de los ministerios. Pero corregir después las consecuencias de aprobar estos reales decretos costará años, dinero público y el sufrimiento de varios cientos de miles de perros. Y de las entidades de protección animal hartas de arreglar los problemas causados por quienes dictan a los políticos como deben ser las leyes.
Mismos perros, mismos derechos no es un eslogan. Es la declaración de intenciones de un colectivo que ya está cansado de responsabilizarse cuando otros no lo hacen. Y también votan."
Podéis leer el texto íntegro escrito por Ruth Manzanares entrando en su linkedin.
