¿Por qué son necesarios los veterinarios en las emergencias? Esta es una de las preguntas a las que se ha dado respuesta en la última jornada del IV Congreso Internacional de Sanidad y Bienestar Animal promovido por la OCV, la Organización Colegial Veterinaria Española.
Una de las encargadas de analizar esta esencial cuestión fue la presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife, María Luisa Fernández de Miguel: no en vano, Canarias fue la primera CCAA en poner en marcha un plan de emergencias que específicamente tuviera en cuenta a los animales.
“Porque es evidente que existe mayor sensibilización social, incluso se ha legislado a los animales como ‘seres sintientes’; porque el apego que les tenemos complica muchas veces las evacuaciones de personas; porque, por razones sanitarias y para el control de posibles zoonosis y problemas de salubridad, el personal de emergencias necesita controlarlos; porque en la inmensa mayoría de ayuntamientos no existen veterinarios municipales que conozcan el terreno y tengan los conocimientos necesarios; porque para auxiliar en los rescates y atender a los animales afectados son necesarios veterinarios voluntarios y para ello debe existir un colegio que convoque y coordine”.
María Luisa Fernández de Miguel también relató una historia real que refleja por qué es tan importante, “en Canarias comenzamos a trabajar en un plan cuando en 2017, atendiendo un incendio en Gran Canaria, una residente británica se rezagó de la evacuación por salvar a sus animales. Finalmente, encontraron los cuerpos calcinados de ambos cerca de su casa”.
Y es que, como explican desde la OCV, Pese a que el RD 524/2023 (la norma básica de Protección Civil, aprobada en 2023) obliga a proteger a los animales como parte de la gestión integral de emergencias, ni el Gobierno central, ni la mayoría de las comunidades autonónomas y menos los ayuntamientos han desarrollado aún tales planes de actuación. Tras Canarias, la segunda CCAA fue Murcia, en 2025 y Valencia será la tercera.
Fue, de hecho, con motivo del desastre de la DANA, cuando se identificaron necesidades tales como articular un sistema para el rescate y atención urgente de animales afectados -y de la mano del Colegio se improvisaron puestos de atención veterinaria sobre el terreno-; para identificar a miles de perros o gatos y localizar a sus responsables (para lo cual el microchip fue clave); para reubicar momentáneamente a los afectados y tratar a largo plazo e incluso hospitalizar a otros (los hospitales privados y de facultades de Veterinaria se movilizaron); para gestionar los cadáveres de animales de compañía y de abasto (se activó a la empresa Tragsa) y gestionar la “logística para el enorme tonelaje de donativos materiales y económicos que solidariamente llegó” (el Bioparc de Valencia comenzó a almacenarlo pero se tuvieron que alquilar dos naves industriales).
Como también ha explicado Marta Gabaldón Pérez, jefa de servicio de Protección Animal de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de Recuperación, ahora se está ultimando, de forma coordinada con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y en contacto con el Consejo Valenciano de Colegios de Veterinarios, un ‘Procedimiento de Atención de Animales’ y un convenio de colaboración con los propios colegios para afrontar estas situaciones. Este documento deberá servir de base para el desarrollo posterior de los ‘Planes territoriales de Emergencias (PTME), según ha aclarado Gabaldón Pérez.
La planificación de estas cuestiones en todo el país es si cabe más inexistente. Es lo que denunció la presidenta de la Asociación Española de Veterinarios Municipales, Belén Muñoz, quien se lamentó por el escaso porcentaje de consistorios que cuentan con un veterinario en nómina.
Su papel debería ser clave a la hora de definir los protocolos de evacuación adaptados a las condiciones del municipio; para mantener un censo actualizado y un mapeo con las ubicaciones de colonias felinas y de las protectoras locales; para situar en función de ello los puntos críticos con los que priorizar actuaciones y para identificar los recursos, esto es, el voluntariado de veterinarios y civiles, de posibles refugios temporales, redes de casas de acogida y centros veterinarios que pudieran atender a los animales afectados. Además de todo ello -como destacó- los ayuntamientos son los responsables de la retirada y tratamiento higiénico de los animales muertos para evitar posibles brotes epidémicos.
Por su parte, Luis Antonio Rodríguez Álvarez, teniente coronel Jefe del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la UME, habló de sus actuaciones en los distintos tipos de crisis en las que intervienen.El alto mando destacó el trabajo del servicio veterinario integrado en esta unidad así como del “papel clave” en este tipo de desastres que tienen los perros adiestrados para la localización y rescate de víctimas. Asimismo, describió los riesgos existentes –nucleares-, biológicos y químicos-, ponderó la eficacia del trabajo en equipo bajo un mando único y con un adecuado entrenamiento, y se refirió a su presencia en Barcelona, durante 69 días, para contener el brote de PPA detectado en jabalíes en las proximidades de la capital catalana.
También intervino Paolo Dalla, experto de la OMSA en gestión de catástrofes con presencia de animales, quien inisistió en la importancia de la prepación y anticipación ante este tipo de fenómenos extremos, que puedne ser terremotos, incendios forestales, terremotos, sequías, huracanes o confluctos bélicos, entre otros, que suceden por todo el planeta.
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