Si cada vez hay más perros en España y las cifras de abandono y adopción no cambian, es posible sospechar que lo que está aumentando es la venta de cachorros, incluyendo la venta ilegal. Una sospecha apoyada también en las incontables noticias sobre operaciones de la Guardia Civil que destapan justamente eso, la cría ilegal de perros, un sórdido negocio tras el que hay graves casos de maltrato animal.
Esta vez ha sido en Ávila, en la comarca de La Moraña: el SEPRONA investiga a nueve personas como presuntas integrantes de un grupo dedicado a la cría y compraventa irregular de cachorros en toda España, sin cumplir la normativa, sin trazabilidad y falsificando la documentación. Los beneficios que habrían obtenido podrían superar los 500.000 euros.
La investigación se inició el pasado 10 de diciembre de 2025: a partir de entonces la Guardia Civil pudo determinar la existencia de una estructura dedicada a la cría y compraventa de cachorros que distribuían por diferentes puntos del territorio nacional, utilizando para ello páginas web y redes sociales como medio de captación de compradores.
Los animales carecían de trazabilidad y documentación legítima, los microchips, en algunas ocasiones, se intercambiaban y los animales no estaban registrados. Y, por supuesto, se trata -una vez más- de cachorros de razas mini, de razas de moda como Caniches, Chihuahuas, Bichones...
Durante las inspecciones realizadas, los agentes confirmaron la actividad de comercialización de cachorros. También se detectaron varios ejemplares de especies protegidas, como jilgueros y lúganos, sin la debida documentación, incumpliendo así la normativa CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), así como una conexión irregular al suministro eléctrico.
Asimismo, en una segunda inspección realizada en otra localidad de la comarca de La Moraña (Ávila), se incautaron numerosas cartillas sanitarias, medicamentos veterinarios y microchips sin implantar.
La investigación permitió constatar que los cachorros eran sometidos a desplazamientos de larga distancia con pocos meses de edad, detectándose posibles irregularidades en la documentación sanitaria y administrativa de los animales. En el transcurso de las actuaciones se documentaron casos en los que los animales presentaban problemas graves de salud tras su adquisición, requiriendo asistencia veterinaria, así como el fallecimiento de varios de ellos.
Los investigadores también acreditaron la presunta colaboración necesaria de tres veterinarios investigados, cuya actuación habría permitido el acceso a determinados medicamentos veterinarios y la implantación de microchips.
Como resultado del análisis económico de la operación, la Guardia Civil localizó a 636 personas que podrían haber resultado perjudicadas, distribuidas por todo el territorio nacional, al aparecer como ordenantes por medio de transferencias vía teléfono.
La trama habría obtenido, al menos, 125.265 euros en reservas y pagos relacionados con la adquisición de cachorros. Tras contactar con parte de los afectados, se acreditaron además pagos en efectivo por valor de 21.060 euros.
De esta forma, los ingresos acreditados obtenidos por los cuatro principales beneficiarios ascenderían a 146.325 euros en un periodo aproximado de un año, estimándose que los beneficios podrían superar los 500.000 euros debido a los pagos pendientes de analizar y a los realizados en efectivo.
A los investigados se les atribuyen, según su grado de participación, presuntos delitos contra la protección de la flora y fauna, defraudación de fluido eléctrico, publicidad engañosa, estafa, falsedad documental, intrusismo profesional, maltrato animal por omisión, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.
Todo ello nos lleva a volver a recomendar, una vez más, la adopción responsable a cualquier persona que esté planteándose incorporar un perrete a la familia. Es deplorable acabar fomentando el maltrato animal al comprar un perro y es lo que sucede en multitud de ocasiones.
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