Lola 2 es una Pastor Belga Malinois que tiene 9 años y lleva los últimos 4 en una residencia externa al CAAD de Terrassa, al Centro de Protección Animal de la ciudad.
Al parecer, allí no tiene contacto con los voluntarios y pasa sus días en una jaula. Esto es debido a un informe etológico que calificaba a la perra de reactiva. Por eso ha llegado a estar en una lista de eutanasia por comportamiento.
Pero hay una persona, un ex trabajador del centro, que interactuó con ella y formó una relación con la perra y lleva un año y medio tratando de adoptarla. Sin éxito.
Es Daniel Durán, que se ha formado como educador canino y tiene una residencia especializada en perros reactivos. Él ha pedido ayuda en redes porque ya no sabía qué más hacer. Y él explica que el primer informe etológico se hizo sin siquiera sacar a la perra de la jaula.
A diferencia de otros casos en los que suele haber opacidad total por parte del Ayuntamiento, en Terrassa el responsable de bienestar animal es Noel Duque y él sí se ha involucrado y está dando explicaciones.
Hoy tiene previsto seguir respondiendo a las preguntas que ha recibido a través de su cuenta de instagram. Es importante escuchar lo que ya ha explicado y leer también los comentarios que ha dejado en la publicación porque la situación, evidentemente, es compleja.
¿Cuál es el problema con Lola 2? Pues la respuesta breve es que resulta que el segundo informe etológico encargado por el Ayuntamiento de Terrassa descartó la eutanasia y consideró a la perra apta para ser adoptada pero... no por una familia en la que haya personas vulnerables, como niños. Y Daniel Durán tiene un hijo pequeño.
Ante la pregunta de ¿por qué Lola 2 no puede ser adoptada si el adoptante firma una declaración indicando que asume los riesgos? esto ha respondido Noel Duque:
"Los servicios jurídicos municipales no lo permiten. Porque jurídicamente no siempre basta con que alguien firme “asumo toda la responsabilidad”. Hay varias cosas detrás que los servicios jurídicos suelen valorar:
Si existe un riesgo objetivable acreditado por informes técnicos (en este caso etológicos), la administración podría seguir teniendo responsabilidad por haber autorizado la adopción pese a conocer ese riesgo.
Cuando hay menores implicados, el nivel de prudencia exigido es muchísimo más alto. Un documento firmado no elimina la posible negligencia administrativa si luego ocurre una agresión grave.
La responsabilidad civil o incluso penal no desaparece automáticamente por una renuncia privada. Igual que no puedes “firmar” que aceptas subirte a una atracción insegura y eximir totalmente al responsable.
En protección animal y gestión pública pesa mucho el principio de precaución. Si dos informes recomiendan no hacerlo en un entorno con bebé, jurídicamente es difícil justificar una cesión."
¿Cómo es posible que se planteara eutanasiar a la perra?
Esto sucedió con el antiguo equipo del CAAD, ha explicado Duque.
"La ley catalana limita muchísimo la eutanasia animal y exige informes y criterios muy concretos. Y no sé decidió políticamente, sino que políticamente fue como se detuvo.
El problema aquí no es ‘si alguien quiere adoptarla’, sino que existen informes etológicos que alertan de un riesgo en un entorno con un bebé, y los servicios jurídicos entienden que el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado ante eso.
Cuando una administración conoce un riesgo grave, no basta con que alguien firme ‘asumo la responsabilidad’. Ojalá fuera tan simple. Gobernar también implica responder si un día ocurre una desgracia que podía preverse.
Sé que habrá gente que no comparta la decisión, pero os aseguro que se ha actuado desde la responsabilidad, no desde la falta de empatía."
¿Por qué no se pide otro informe a etólogos externos al CAAD?
"El problema es que cuando existen informes técnicos que alertan de un posible riesgo con bebés o personas vulnerables, los servicios jurídicos entienden que el Ayuntamiento no puede autorizar una adopción como si no conociera ese riesgo. Aunque el adoptante quiera asumir la responsabilidad.
Sobre una valoración externa, personalmente creo que siempre es positivo sumar opiniones técnicas, y no me cierro a que puedan explorarse vías que aporten más garantías y seguridad jurídica. Pero también es cierto que, mientras existan informes vigentes que advierten de ese riesgo, la administración tiene muy poco margen para actuar de forma distinta sin exponerse a responsabilidades muy graves si algún día ocurriera algo. Ojalá estas decisiones fueran blanco o negro, pero por desgracia no lo son."
Seguramente no quedará aquí la historia de Lola 2, esperamos a saber qué más explica hoy Noel Duque Alarcón y actualizaremos la información.
Lo cierto es que este caso muestra una realidad que no siempre llega a conocerse: la de esos perros que están en un limbo, condenados a vivir en cheniles toda su vida -cuando no a ser sacrificados- por informes etológicos o veterinarios adversos.
Es justamente lo que sucedió en Galicia con Gosu: este perro fue sacrificado tras un informe negativo pese a que había una entidad que planteaba su rehabilitación con ayuda de una educadora especializada.
El artículo de El País ofrece información relevante sobre cómo son esos informes etológicos que pueden decidir la muerte "legal" de un perro debido a su comportamiento...
Quizá ahí está una de las claves: ¿No deberían de ser públicos esos informes? ¿Tanto su metodología como el informe en sí mismo?
